En la cuarta parte pudimos ver cómo todas las potestades, que a lo largo de la historia fueron apareciendo y desarrollándose para dar solución a los conflictos interpersonales de los miembros de cualquier sociedad, se han concentrado hoy en los partidos políticos, hasta el punto de estar rozando hoy el totalitarismo partidocrático, dada la confusión reinante entre norma jurídica, es decir el Derecho sujeto a criterios de justicia como resultado de una inteligencia especializada en dar soluciones generales a tipos de conflicto, y norma política o Ley como dictado cuasidivino del poder (cita tomada de Álvaro D’Ors).
Pero, ¿qué es un partido político? Vamos por partes.
Primero.- Un partido político es una persona jurídica.
Segundo.- Un partido político es una persona jurídica privada.
Tercero.- Un partido político es una persona jurídica privada que se encuadra dentro del las asociaciones.
Cuarto.- Un partido político es una persona jurídica privada, tipo asociación creado a los efectos de, como dice el art. 6 de la Constitución, expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política.
De los cuatros puntos anteriores hay que prestar atención al segundo: la naturaleza privada de los partidos políticos. Los partidos como asociaciones tienen sus propios intereses. Sus estatutos podrán decir lo que sea, e incluso ser muy loable lo que dicen, pero ¿se cumple? La respuesta es un rotundo no. Ningún partido cumple con el ideario fijado en sus estatutos y ningún partido cumple sus programas electorales. Esa es la realidad. Un partido político se crea para acceder al poder político y perpetuarse en él, porque en ello les va la vida, la pervivencia y el éxito del partido. Un partido debe competir con sus oponentes en el mercado del voto y todos necesitan cuotas de poder para sobrevivir. Quien ponga en duda esto o ignora la realidad o es un cantamañanas.
Dicho lo anterior, en lo referente al principio democrático, mientras siga vigente el actual ordenamiento político, lo menos que se les puede pedir es democracia directa y transparencia absoluta en su actuación. Con una debida limitación de sus poderes, que circunscriba su actuación a la mera dirección de la gestión de los bienes e intereses comunes de la Nación, nada les obliga a ser democráticos, pues como personas jurídicas privadas, no deben tener más límite que el Derecho no fijado por ellos y las normas estatutarias del partido y del órgano cuya gestión se les encomienda, siempre, claro está, que se rompa el oligopolio legal que tienen montado para su provecho en lo que a la participación en el mercado del voto se refiere.
Entonces, ¿quién dirige el sector público? Los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Personas jurídicas privadas que como tales tienen sus propios intereses particulares. ¿Dónde queda la gestión pública? ¿Es tan pública la gestión pública como suele decirse? Pues no. Sin embargo, la gestión privada, hecha por partidos o por empresas que se dedican a estas tareas de gestionar asuntos ajenos es un mal menor. Sólo faltaría que los propios funcionarios se tomaran la licencia de dirigir la gestión el sector público: nadie pondría orden y los vicios de algunos pésimos funcionarios se generalizarían: llegar media hora tarde por sistema, almuerzos de una hora que a algunos les parece poco, escaqueo, subidas de sueldo injustificadas, impunidad, el dinero y los bienes públicos no son de nadie, cleptocracia, etc. Colapsaría la Nación.
El caso es que los partidos políticos dirigen la gestión de los bienes y servicios comunes de la Nación y para ello recaudan impuestos. Dice la Constitución que los tributos sólo pueden ser creados por ley, y que el sistema tributario debe sujetarse a una serie de principios de justicia: proporcionalidad en relación con la capacidad económica del contribuyente. Pues muy bien, ¿y qué? ¿Quiénes hacen la ley? Los partidos. A nadie se le escapará que lo habitual es oír que el Ministro de Justicia prepara una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Ministro de Administraciones Públicas prepara otra para reformar la Administración, que el Ministro de Trabajo va a reformar el Estatuto de los Trabajadores, o que el Ministro de Interior va a reformar el Código de Circulación. Estamos habituados a oír esto porque sucede así. Lo que no sucede es que oigamos decir que el Grupo Parlamentario tal presenta una proposición de ley sobre cualquier aspecto y que tal proposición se aprueba a no ser que ese Grupo Parlamentario sea del mismo partido que quienes están en el Gobierno o que no siéndolo, los líderes de ambos partidos, lleguen a un acuerdo. Todo queda en el partido.
Así son las cosas. Los partidos recaudan sin más límite que el que ellos mismos se imponen y luego gastan arbitrariamente por el mismo principio: si la ley no lo permite, se cambia la ley.
Y ahora vamos con el gasto: conseguidores, subvenciones, comisiones ilegales, observatorios y nuevas instituciones.
El conseguidor es un animal perteneciente a la especie homo sapiens sapiens que tras dejar el poder se pone a trabajar para una empresa en un puesto de remuneración privilegiada a fin de que, utilizando su amplia red de contactos políticos, consiga del gobierno un acuerdo bajo manga por el cual éste le facilita las cosas a la empresa para que su negocio llegue a buen término, y aquel, como derecho de contraprestación, le proporciona al político corrupto ejerciente alguna comisión inflando los precios a costa del contribuyente, o le propina alguna prebenda o puesto bien remunerado para sí o alguien de su familia o entorno.
La subvención es una ingeniosa institución legal que puede cobrar forma de soborno o de hurto, y éste puede ser legal o ilegal. La subvención-hurto-legal a su vez puede ser directa o indirecta.
Por la subvención-hurto-legal-directa los partidos políticos se dan subvenciones a sí mismos para gastos electorales o para seguridad o por haber conseguido representación parlamentaria. Lo de menos es la excusa. Lo importante es que el partido reciba dinero del contribuyente. Las subvenciones directas a los partidos intentan justificarlas en que si no se concedieran sólo los ricos podrían formar partidos políticos. Sin embargo sólo reciben subvenciones los partidos políticos ricos, es decir, los que forman parte del oligopolio legal. Luego adoptan medidas como la del art. 169.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, consistentes en exigir a los nuevos partidos el 0,1% de los avales de la circunscripción alegando algo que no deja de ser una presunción de culpabilidad de los nuevos competidores: ¡que su intención es obtener datos censales para fines comerciales! ¿Y quién puede negar que los partidos del oligopolio puedan hacerlo e incluso venderlos bajo manga? ¿No los usan en todo caso para sus propios fines comerciales en el gran mercado del voto? ¡Votos son dinero y lo demás son tonterías! Incluso justifican esta medida en el excesivo gasto de papel que produciría que muchos partidos entraran a competir en ese mercado acotado a unos pocos partidos oligopolistas. ¿Cuánto valen sus lustrosas grandes y relucientes sedes? ¿Cuánto se llevan solo en subvenciones? Como decía Orwell, todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros.
La subvención-hurto-legal-indirecta. Los partidos crean asociaciones y fundaciones dependientes de ellos. Luego se les conceden subvenciones. Privilegio sólo apto para partidos del oligopolio.
La subvención-hurto-ilegal. Por la que un dirigente de partido ordena a un subordinado o a un allegado la constitución de una asociación, fundación u ONG no dependiente del partido. A continuación se convoca concurso de subvenciones o, a través de la Caja de Ahorros controlada por la Comunidad Autónoma se inventa un “fin social”. La asociación, fundación u ONG participa en el concurso y gana. Resultado: dinero y trabajo remunerado para los afines.
La subvención-soborno, que es ilegal por definición. Se concede alguna subvención a cambio de algún tipo de contraprestación. Las hay de las más variopintas clases: judiciales, sindicales, empresariales, a asociaciones. Las judiciales se conceden a cambio de no instruir algún asunto penal o económico-administrativo incómodo. Las sindicales para tener controlados y comprados a los sindicatos; las empresariales se conceden con la expectativa obtener algún puesto de trabajo como conseguidor o como contraprestación a ello, y las que se dan a determinadas asociaciones, para que hagan el trabajo sucio de agitación y propaganda. Dicho esto hay que distinguir subvenciones de indemnizaciones como las que se dan por haber sido víctima de algún acto terrorista o las ayudas que se conceden con ocasión de alguna catástrofe natural.
En el asunto de las subvenciones no está todo perdido: siempre quedan migas para dar de comer a las avecillas del cielo.
Comisiones ilegales. (ejemplo) Acuerdo bajo manga cuyos sujetos son un político y un proveedor y a iniciativa de éste o de aquel. En ambos casos el proveedor ofrece su servicio o producto al político, y el político le contesta –Hay muchos como tú que me ofrecen este mismo producto, ¿qué gano yo con esto?-. Un yate, un chalet, un automóvil de alta gama, un viaje de placer con final feliz, etc. Luego se aprueba el concurso, el proveedor corrupto acude a la oficina de registro y presenta el proyecto como otro concursante cualquiera y vence. La segunda parte de este negocio antijurídico viene en la fijación del presupuesto: vale cien, lo ponemos a doscientos: cincuenta para ti y cincuenta para mí. El Ayuntamiento, por decir algo, quiebra: el político se va con la comisión el proveedor se queda con el crédito y el contribuyente con la deuda. ¡Un final feliz!
Observatorios y nuevas instituciones. ¿Hay que explicarlo? El político llama a alguien de un colectivo afín, es decir, sobornado, y le pide más agitación y propaganda. Seguidamente el político se hace cargo de la “alarma social” y promete poner solución al asunto creando un observatorio. Claro está que ese observatorio, estará integrado por gente de partido, los más allegados, y del colectivo sobornado, todos ellos muy bien remunerados. Con las nuevas instituciones y empresas públicas sucede algo parecido.
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