lunes, 16 de febrero de 2009

L. IV. 13 a 29. De la Familia.

ARTÍCULO 13. Carta de los Derechos de la Familia (CDF) presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo de 22 de octubre de 1983. “Españoles Libres e Iguales” se adhiere a la Carta de los Derechos de la Familia presentada por la Santa Sede a todas las personas, instituciones y autoridades interesadas en la misión de la familia en el mundo contemporáneo de 22 de octubre de 1983.

ARTÍCULO 14. Carta de los Derechos de la Familia (CDF). Introducción. 1. La “Carta de los Derechos de la Familia” responde a un voto formulado por el Sínodo de los obispos reunidos en Roma en 1980, para estudiar el tema “El papel de la familia cristiana en el mundo contemporáneo” (cfr. Proposición 42). Su Santidad el Papa Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio (n. 46) aprobó el voto del Sínodo e instó a la Santa Sede para que preparara una Carta de los Derechos de la Familia destinada a ser presentada a los organismos y autoridades interesadas.

2. Es importante comprender exactamente la naturaleza y el estilo de la Carta tal como es presentada aquí. Este documento no es una exposición de teología dogmática o moral sobre el matrimonio y la familia, aunque refleja el pensamiento de la Iglesia sobre la materia. No es tampoco un código de conducta destinado a las personas o a las instituciones a las que se dirige. La Carta difiere también de una simple declaración de principios teóricos sobre la familia. Tiene más bien la finalidad de presentar a todos nuestros contemporáneos, cristianos o no, una formulación —lo más completa y ordenada posible— de los derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es la familia.

3. Los derechos enunciados en la Carta están impresos en la conciencia del ser humano y en los valores comunes de toda la humanidad. La visión cristiana está presente en esta Carta como luz de la revelación divina que esclarece la realidad natural de la familia. Esos derechos derivan en definitiva de la ley inscrita por el Creador en el corazón de todo ser humano. La sociedad está llamada a defender esos derechos contra toda violación, a respetarlos y a promoverlos en la integridad de su contenido.

4. Los derechos que aquí se proponen han de ser tomados según el carácter específico de una « Carta ». En algunos casos, conllevan normas propiamente vinculantes en el plano jurídico; en otros casos, son expresión de postulados y de principios fundamentales para la elaboración de la legislación y desarrollo de la política familiar. En todo caso, constituyen una llamada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión.

5. Casi todos estos derechos han sido expresados ya en otros documentos, tanto de la Iglesia como de la comunidad internacional. La presente Carta trata de ofrecer una mejor elaboración de los mismos, definirlos con más claridad y reunirlos en una presentación orgánica, ordenada y sistemática. En el anexo se podrá encontrar la indicación de “fuentes y referencias” de los textos en que se han inspirado algunas de las formulaciones.

6. La Carta de los Derechos de la Familia es presentada ahora por la Santa Sede, organismo central y supremo de gobierno de la Iglesia católica. El documento ha sido enriquecido por un conjunto de observaciones y análisis reunidos tras una amplia consulta a las Conferencias episcopales de toda la Iglesia, así como a expertos en la materia y que representan culturas diversas.

7. La Carta está destinada en primer lugar a los Gobiernos. Al reafirmar, para bien de la sociedad la conciencia común de los derechos esenciales de la familia, la Carta ofrece a todos aquellos que comparten la responsabilidad del bien común un modelo y una referencia para elaborar la legislación y la política familiar, y una guía para los programas de acción.

8. Al mismo tiempo la Santa Sede propone con confianza este documento a la atención de las Organizaciones Internacionales e intergubernamentales que, por su competencia y su acción en la defensa y promoción de los derechos del hombre, no pueden ignorar o permitir las violaciones de los derechos fundamentales de la familia.

9. La Carta, evidentemente, se dirige también a las familias mismas: ella trata de fomentar en el seno de aquéllas la conciencia de la función y del puesto irreemplazable de la familia; desea estimular a las familias a unirse para la defensa y la promoción de sus derechos; las anima a cumplir su deber de tal manera que el papel de la familia sea más claramente comprendido y reconocido en el mundo actual.

10. La Carta se dirige finalmente a todos, hombres y mujeres, para que se comprometan a hacer todo lo posible, a fin de asegurar que los derechos de la familia sean protegidos y que la institución familiar sea fortalecida para bien de toda la humanidad, hoy y en el futuro.

11. La Santa Sede, al presentar esta Carta, deseada por los representantes del Episcopado mundial, dirige una llamada particular a todos los miembros y a todas las instituciones de la Iglesia, para que den un testimonio claro de sus convicciones cristianas sobre la misión irreemplazable de la familia, y procuren que familias y padres reciban el apoyo y estímulo necesarios para el cumplimiento de la tarea que Dios les ha confiado.

ARTÍCULO 15. Carta de los derechos de la familia (CDF). Preámbulo. 1. Considerando que:

A. los derechos de la persona, aunque expresados como derechos del individuo, tienen una dimensión fundamentalmente social que halla su expresión innata y vital en la familia;

B. la familia está fundada sobre el matrimonio, esa unión íntima de vida, complemento entre un hombre y una mujer, que está constituida por el vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, públicamente afirmado, y que está abierta a la transmisión de la vida;

C. el matrimonio es la institución natural a la que está exclusivamente confiada la misión de transmitir la vida;

D. la familia, sociedad natural, existe antes que el Estado o cualquier otra comunidad, y posee unos derechos propios que son inalienables;

E. la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad;

F. la familia es el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y donde se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a armonizar los derechos individuales con las demás exigencias de la vida social;

G. la familia y la sociedad, vinculadas mutuamente por lazos vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa y promoción del bien de la humanidad y de cada persona;

H. la experiencia de diferentes culturas a través de la historia ha mostrado la necesidad que tiene la sociedad de reconocer y defender la institución de la familia;

I. la sociedad, y de modo particular el Estado y las Organizaciones Internacionales, deben proteger la familia con medidas de carácter político, económico, social y jurídico, que contribuyan a consolidar la unidad y la estabilidad de la familia para que pueda cumplir su función específica;

J. los derechos, las necesidades fundamentales, el bienestar y los valores de la familia, por más que se han ido salvaguardando progresivamente en muchos casos, con frecuencia son ignorados y no raras veces minados por leyes, instituciones y programas socio-económicos;

K. muchas familias se ven obligadas a vivir en situaciones de pobreza que les impiden cumplir su propia misión con dignidad;

L. la Iglesia Católica, consciente de que el bien de la persona, de la sociedad y de la Iglesia misma pasa por la familia, ha considerado siempre parte de su misión proclamar a todos el plan de Dios intrínseco a la naturaleza humana sobre el matrimonio y la familia, promover estas dos instituciones y defenderlas de todo ataque dirigido contra ellas;

M. el Sínodo de los Obispos celebrado en 1980 recomendó explícitamente que se preparara una Carta de los Derechos de la Familia y se enviara a todos los interesados;

2. La Santa Sede (considerando lo anterior), tras haber consultado a las Conferencias Episcopales, presenta ahora esta CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA e insta a los Estados, Organizaciones Internacionales y a todas las Instituciones y personas interesadas, para que promuevan el respeto de estos derechos y aseguren su efectivo reconocimiento y observancia.

ARTÍCULO 16. (Artículo 1 CDF). Todas las personas tienen el derecho de elegir libremente su estado de vida y por lo tanto derecho a contraer matrimonio y establecer una familia o a permanecer célibes. a) Cada hombre y cada mujer, habiendo alcanzado la edad matrimonial y teniendo la capacidad necesaria, tiene el derecho de contraer matrimonio y establecer una familia sin discriminaciones de ningún tipo; las restricciones legales a ejercer este derecho, sean de naturaleza permanente o temporal, pueden ser introducidas únicamente cuando son requeridas por graves y objetivas exigencias de la institución del matrimonio mismo y de su carácter social y público; deben respetar, en todo caso, la dignidad y los derechos fundamentales de la persona.

b) Todos aquellos que quieren casarse y establecer una familia tienen el derecho de esperar de la sociedad las condiciones morales, educativas, sociales y económicas que les permitan ejercer su derecho a contraer matrimonio con toda madurez y responsabilidad.

c) El valor institucional del matrimonio debe ser reconocido por las autoridades públicas; la situación de las parejas no casadas no debe ponerse al mismo nivel que el matrimonio debidamente contraído.

ARTÍCULO 17. (Artículo 2 CDF). El matrimonio no puede ser contraído sin el libre y pleno consentimiento de los esposos debidamente expresado. a) Con el debido respeto por el papel tradicional que ejercen las familias en algunas culturas guiando la decisión de sus hijos, debe ser evitada toda presión que tienda a impedir la elección de una persona concreta como cónyuge.

b) Los futuros esposos tienen el derecho de que se respete su libertad religiosa. Por lo tanto, el imponer como condición previa para el matrimonio una abjuración de la fe, o una profesión de fe que sea contraria a su conciencia, constituye una violación de este derecho.

c) Los esposos, dentro de la natural complementariedad que existe entre hombre y mujer, gozan de la misma dignidad y de iguales derechos respecto al matrimonio.

ARTÍCULO 18. (Artículo 3 CDF). Los esposos tienen el derecho inalienable de fundar una familia y decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear, teniendo en plena consideración los deberes para consigo mismos, para con los hijos ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro de una justa jerarquía de valores y de acuerdo con el orden moral objetivo que excluye el recurso a la contracepción, la esterilización y el aborto. a) Las actividades de las autoridades públicas o de organizaciones privadas, que tratan de limitar de algún modo la libertad de los esposos en las decisiones acerca de sus hijos constituyen una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia.

b) En las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos no debe ser condicionada a la aceptación de programas de contracepción, esterilización o aborto.

c) La familia tiene derecho a la asistencia de la sociedad en lo referente a sus deberes en la procreación y educación de los hijos. Las parejas casadas con familia numerosa tienen derecho a una ayuda adecuada y no deben ser discriminadas.

ARTÍCULO 19. (Artículo 4 CDF). La vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente desde el momento de la concepción. a) El aborto es una directa violación del derecho fundamental a la vida del ser humano.

b) El respeto por la dignidad del ser humano excluye toda manipulación experimental o explotación del embrión humano.

c) Todas las intervenciones sobre el patrimonio genético de la persona humana que no están orientadas a corregir las anomalías, constituyen una violación del derecho a la integridad física y están en contraste con el bien de la familia.

d) Los niños, tanto antes como después del nacimiento, tienen derecho a una especial protección y asistencia, al igual que sus madres durante la gestación y durante un período razonable después del alumbramiento.

e) Todos los niños, nacidos dentro o fuera del matrimonio, gozan del mismo derecho a la protección social para su desarrollo personal integral.

f) Los huérfanos y los niños privados de la asistencia de sus padres o tutores deben gozar de una protección especial por parte de la sociedad. En lo referente a la tutela o adopción, el Estado debe procurar una legislación que facilite a las familias idóneas acoger a niños que tengan necesidad de cuidado temporal o permanente y que al mismo tiempo respete los derechos naturales de los padres.

g) Los niños minusválidos tienen derecho a encontrar en casa y en la escuela un ambiente conveniente para su desarrollo humano.

ARTÍCULO 20. (Artículo 5 CDF). Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos; por esta razón ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus hijos. a) Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo; ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y asistencia necesarias para realizar de modo adecuado su función educadora.

b) Los padres tienen el derecho de elegir libremente las escuelas u otros medios necesarios para educar a sus hijos según sus conciencias. Las autoridades públicas deben asegurar que las subvenciones estatales se repartan de tal manera que los padres sean verdaderamente libres para ejercer su derecho, sin tener que soportar cargas injustas. Los padres no deben soportar, directa o indirectamente, aquellas cargas suplementarias que impiden o limitan injustamente el ejercicio de esta libertad.

c) Los padres tienen el derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. En particular, la educación sexual —que es un derecho básico de los padres— debe ser impartida bajo su atenta guía, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos.

d) Los derechos de los padres son violados cuando el Estado impone un sistema obligatorio de educación del que se excluye toda formación religiosa.

e) El derecho primario de los padres a educar a sus hijos debe ser tenido en cuenta en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares, y particularmente en las formas de participación encaminadas a dar a los ciudadanos una voz en el funcionamiento de las escuelas, y en la formulación y aplicación de la política educativa.

f) La familia tiene el derecho de esperar que los medios de comunicación social sean instrumentos positivos para la construcción de la sociedad y que fortalezcan los valores fundamentales de la familia. Al mismo tiempo ésta tiene derecho a ser protegida adecuadamente, en particular respecto a sus miembros más jóvenes, contra los efectos negativos y los abusos de los medios de comunicación.

ARTÍCULO 21. (Artículo 6 CDF). La familia tiene el derecho de existir y progresar como familia. a) Las autoridades públicas deben respetar y promover la dignidad, justa independencia, intimidad, integridad y estabilidad de cada familia.

b) El divorcio atenta contra la institución misma del matrimonio y de la familia.

c) El sistema de familia amplia, donde exista, debe ser tenido en estima y ayudado en orden a cumplir su papel tradicional de solidaridad y asistencia mutua, respetando a la vez los derechos del núcleo familiar y la dignidad personal de cada miembro.

ARTÍCULO 22. Libertad religiosa. (Artículo 7 CDF). Cada familia tiene el derecho de vivir libremente su propia vida religiosa en el hogar, bajo la dirección de los padres, así como el derecho de profesar públicamente su fe y propagarla, participar en los actos de culto en público y en los programas de instrucción religiosa libremente elegidos, sin sufrir alguna discriminación.

ARTÍCULO 23. (Artículo 8 CDF). La familia tiene el derecho de ejercer su función social y política en la construcción de la sociedad. a) Las familias tienen el derecho de formar asociaciones con otras familias e instituciones, con el fin de cumplir la tarea familiar de manera apropiada y eficaz, así como defender los derechos, fomentar el bien y representar los intereses de la familia.

b) En el orden económico, social, jurídico y cultural, las familias y las asociaciones familiares deben ver reconocido su propio papel en la planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar.

ARTÍCULO 24. (Artículo 9 CDF). Las familias tienen el derecho de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin discriminación alguna. a) Las familias tienen el derecho a unas condiciones económicas que les aseguren un nivel de vida apropiado a su dignidad y a su pleno desarrollo. No se les puede impedir que adquieran y mantengan posesiones privadas que favorezcan una vida familiar estable; y las leyes referentes a herencias o transmisión de propiedad deben respetar las necesidades y derechos de los miembros de la familia.

b) Las familias tienen derecho a medidas de seguridad social que tengan presentes sus necesidades, especialmente en caso de muerte prematura de uno o ambos padres, de abandono de uno de los cónyuges, de accidente, enfermedad o invalidez, en caso de desempleo, o en cualquier caso en que la familia tenga que soportar cargas extraordinarias en favor de sus miembros por razones de ancianidad, impedimentos físicos o psíquicos, o por la educación de los hijos.

c) Las personas ancianas tienen el derecho de encontrar dentro de su familia o, cuando esto no sea posible, en instituciones adecuadas, un ambiente que les facilite vivir sus últimos años de vida serenamente, ejerciendo una actividad compatible con su edad y que les permita participar en la vida social.

d) Los derechos y necesidades de la familia, en especial el valor de la unidad familiar, deben tenerse en consideración en la legislación y política penales, de modo que el detenido permanezca en contacto con su familia y que ésta sea adecuadamente sostenida durante el período de la detención.

ARTÍCULO 25. (Artículo 10 CDF). Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea obstáculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano esparcimiento. a) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, llamado « salario familiar », sea mediante otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres; y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos.

b) El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la familia y la sociedad.

ARTÍCULO 26. Derecho de cada familia a una vivienda decente, apta para la vida familiar. (Artículo 11 CDF). La familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar, y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad.

ARTÍCULO 27. (Artículo 12 CDF). Las familias de emigrantes tienen derecho a la misma protección que se da a las otras familias. a) Las familias de los inmigrantes tienen el derecho de ser respetadas en su propia cultura y recibir el apoyo y la asistencia en orden a su integración dentro de la comunidad, a cuyo bien contribuyen.

b) Los trabajadores emigrantes tienen el derecho de ver reunida su familia lo antes posible.

c) Los refugiados tienen derecho a la asistencia de las autoridades públicas y de las organizaciones internacionales que les facilite la reunión de sus familias.

ARTÍCULO 28. Disposiciones especiales acerca del divorcio, uniones afectivas que no son matrimonio conforme al Derecho natural y de las medidas de discriminación positiva. 1. De la infidelidad conyugal, del abandono del hogar, del maltrato físico o psicológico al consorte o a los hijos (o de los hijos a los padres) así como del incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales en general debe derivarse siempre responsabilidad civil del infractor frente a la víctima.

Debe derivarse responsabilidad penal cuando el incumplimiento de los deberes conyugales atente contra los derechos fundamentales de la persona, especialmente cuando se trate atentados contra el derecho a la vida y a la integridad física o moral, acosos, coacciones y amenazas. El cónyuge que sin causa justificada rompa el vínculo matrimonial debe resarcir en daños y perjuicios a su consorte.

2. No constituyendo fines específicos de “Españoles Libres e Iguales” ni la disolubilidad del matrimonio ni las uniones entre personas de similar afectividad a la matrimonial, tampoco se opone:

a) A la disolución del matrimonio civil, salvo pacto matrimonial en contrario, en virtud del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el libre consentimiento de ambos cónyuges sin más no es causa suficiente para la disolución del matrimonio con hijos. En tales casos la autoridad judicial siempre deberá atender en primer lugar el interés del menor o incapaz.

b) A que en virtud del derecho-principio a la autonomía de la voluntad en la celebración de los contratos, en el libre desarrollo de la personalidad humana, las personas puedan hacer uso de otras instituciones similares al matrimonio, las cualles deberán estar debidamente amparadas por el Derecho positivo con la consiguiente protección jurídica de las partes contratantes.

3. Españoles Libres e Iguales” no considera matrimonio ninguna unión que no sea entre hombre y mujer con el objeto de formar una familia.

4. “Españoles Libres e Iguales” se compromete a derogar todas y cada una de las disposiciones legales y reglamentarias que establezcan cualquier tipo de medida de discriminación positiva.

ARTÍCULO 29. La familia es la institución natural previa al Estado y a cualquier otro tipo de comunidad política. 1. Desde “Españoles Libres e Iguales” declaramos que la familia no es una institución natural, sino la institución natural y tan natural como la existencia del propio ser humano, a través de la cual el éste ha logrado perpetuarse y progresar a lo largo de los milenios llegando a constituir las más variadas formas de sociedad, desde la formación de las primeras gentilidades, pasando por las tribus, las ciudades, etc., hasta la constitución los Estados modernos y la comunidad internacional.

2. Consideramos que la familia es el presupuesto sin el cual no sería posible la existencia o subsistencia de ninguna cultura, sociedad ni comunidad política y que por ello, toda cultura, sociedad, tipo de comunidad política o sistema jurídico político debe estar subordinado siempre y en todo lugar al interés y a las necesidades de bienestar de la familia.

3. Concluimos este artículo afirmando categóricamente:

a) Que es inhumana toda nación que no se forje a través de la familia.

b) Que sin familia no hay humanidad ni nación que sobreviva.

c) Que la familia es la institución natural que constituye la piedra angular en la que se asienta toda Nación y la humanidad entera.


L. IV. 1 a 12. Del Ser Humano.

ARTÍCULO 1. Concepción integral del ser humano. 1. El partido político “Españoles Libres e Iguales” parte de una concepción integral del ser humano.

2. Consideramos que el ser humano es una entidad biológica viva cuya existencia comienza con la concepción del óvulo por el espermatozoide y finaliza con la muerte, debiendo por justicia, finalizar con la muerte natural.

3. Consideramos que el ser humano es un ser capaz de percibir con sus sentidos y de conocer, en el sentido de comprender, la realidad de lo percibido.

4. Consideramos que el ser humano está dotado de capacidades racionales e intelectivas que le permiten enlazar entre sí los datos por él percibidos y conocidos, y por ello conscientemente capaz, bien de adaptarse a la realidad conocida, o bien de dominarla y transformarla para su provecho. Tales capacidades le permiten además inventar nuevas realidades mediante la transformación de las ya existentes o conocidas.

5. Consideramos que el ser humano en cuanto ser capaz de querer, es decir, en cuanto que está dotado de capacidades volitivas, unidas éstas a las anteriores, tiene la cualidad de poder proyectar su propia voluntad hacia el futuro tanto desde el presente como partiendo de actos ya realizados en el pasado, y además, es innata en él la capacidad de consumarlos o abandonarlos incluso de forma arbitraria.

6. Consideramos que el ser humano es un ser dotado de conciencia moral y trascendental. Está capacitado para reflexionar acerca de lo conocido o percibido y aún de lo desconocido; de lo proyectado y de lo que ha de venir en un futuro.

Como consecuencia de lo anterior es inherente al hombre la capacidad de extraer sus propias conclusiones acerca de las reglas de la justicia y sobre el sentido y orden correcto de todas las cosas, independientemente de cuál sean las verdaderas reglas de la justicia y el auténtico sentido y orden correcto de todas las cosas, en cuyo conocimiento y descubrimiento avanza de generación en generación, aunque a veces retrocede, yerra o se estanca debido a su naturaleza imperfecta y limitada.

Porque, recapitulando, decir que el hombre es capaz de sacar sus propias conclusiones acerca de las reglas de la justicia y sobre el sentido y orden correcto de todas las cosas, no significa que la verdad se encuentra en la apreciación subjetiva de la realidad, y que además, una cosa es avanzar en el conocimiento de la verdad y otra muy distinta lograr su completo conocimiento, que es algo que sólo puede tener Dios y sólo a través de Dios, si es su voluntad, se puede alcanzar. De ahí que todo trabajo del hombre sea imperfecto y que ninguna ley humana sea enteramente beneficiosa. Es decir, que el hombre por sí sólo no puede construir una sociedad perfecta, pero sí acercarse a dicha perfección o, por lo menos, alejarse de lo imperfecto.

7. Consideramos que el ser humano está dotado de una conciencia que trasciende la vida presente y que se manifiesta a través de la espiritualidad y de sus creencias religiosas y (no “o”) filosóficas. Es en definitiva un ser dotado de alma preocupado por su devenir y el de sus semejantes incluso más allá de la vida presente.

8. Consideramos que el ser humano es un ser que por su naturaleza, además de subsistir, le es innato el querer, conocer, ordenar, proyectar, ejecutar etc., con un pasado, un presente y un futuro, tanto en su ámbito individual como en el ámbito de la sociedad en la que vive. En el ámbito de su conciencia: su pasado trasciende el inicio de su existencia abarcando por tanto a sus antepasados; su futuro trasciende su propia muerte, extendiéndose a las generaciones venideras y; por último, su conciencia trasciende la vida terrenal, hacia el devenir más allá de la existencia en este mundo, independientemente de cuál sea la creencia de la persona.

9. Consideramos que el ser humano no sólo es un ser libre por naturaleza, sino que además es un ser consciente y sabedor de su innata libertad. Pero también lo es de sus limitaciones y defectos que le impiden el ejercicio pleno de la misma al que aspira.

10. Consideramos que el ser humano por naturaleza es un ser social que necesita de sus congéneres para desarrollar sus cualidades de forma plena; es innata en él su vocación de perpetuar la especie y de que el fruto de sus trabajos perdure en el tiempo y se transmita a las futuras generaciones.

11. Consideramos que el ser humano es un ser íntegro en lo individual en quien el cuerpo y el alma se funden para formar una sola cosa y es un ser íntegro en lo social necesitado de sus semejantes no sólo por la necesidad que sienta de ellos sino también por la necesidad que tiene de auxiliarles para el completo desarrollo de su personalidad.

ARTÍCULO 2. De la superior dignidad del ser humano respecto del Estado. 1. Todo trabajo del hombre debe hacerse siempre en provecho del hombre. Que ningún fruto de su trabajo se convierta en ingesta venenosa para él.

2. Toda disposición general, resolución, acto o conjunto de actos es fruto del trabajo del ser humano o trabajo humano mismo y por ello debe tener como fin esencial producir un beneficio para el ser humano considerado en su integridad.

3. Por todo ello el sistema jurídico político elaborado por el hombre debe servir no únicamente y en primer lugar para imponer un determinado Estado u orden de la conducta humana, sino también para ampliar los cauces y romper las ataduras que impiden al hombre desarrollar de forma plena su personalidad (y ésta en su integridad y en todos los ámbitos) de una manera libre y natural.

4. Por consiguiente, debe ser el hombre arquitecto de Estados y no el Estado escultor de hombres.

ARTÍCULO 3. Bien jurídico vida del ser humano. 1. El bien vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural es el bien jurídico superior a todos los demás dentro de una sociedad que se desarrolla a través de medios pacíficos, democráticos y en el marco de un Estado de Derecho. Defendemos el reconocimiento de la personalidad y de la capacidad jurídica a todo ser humano desde el momento mismo de la concepción.

2. El bien vida del ser humano debe ser protegido por los poderes públicos del Estado español, a todos los españoles, integrantes de la Nación española, en cualquier lugar donde se encuentren. Consideramos que el principio de territorialidad en la aplicación de la ley penal no es excusa para dejar de perseguir los atentados contra la vida de cualquier español o concebido de persona española que se produzcan en lugar extranjero con la excusa de que tales atentados son impunes en dicho lugar.

3. Este deber de protección de la vida humana de todo español desde la concepción hasta la muerte natural se aplica tanto en el plano del Estado como sistema jurídico político (constituido por el pueblo español en representación de la Nación española, titular de la soberanía) como en el plano de quienes desempeñan las potestades derivadas de la soberanía nacional.

4. La circunstancia justificante del estado de necesidad no puede operar a favor de la impunidad de ningún atentado contra la vida de cualquier ser humano desde la concepción hasta la muerte natural salvo que el bien jurídico que se trate de proteger mediante la acción punible sea la vida de otro ser humano.

5. El partido “Españoles Libres e Iguales” se declara contrario a la aplicación de la pena de muerte por el Estado del mismo modo que se declara contrario a que dicha pena sea aplicada arbitrariamente por particulares excusándose éstos últimos en una utilización perversa del lenguaje que convierte en derecho lo que es un crimen.

6. El Derecho, fruto del trabajo del hombre, no debe convertirse en ingesta venenosa para él. El Derecho efectúa un reparto de derechos y obligaciones respecto de los bienes jurídicamente valiosos partiendo de que esos bienes corresponden en último término al ser humano. Sin embargo, el bien vida del ser humano es presupuesto ontológico de la propia existencia del hombre, y por ello defendemos que cualquier menoscabo contra la vida humana es menoscabo contra el ser humano. En consecuencia declaramos que es una perversión del lenguaje hablar de reparto (disposición) de derechos y obligaciones sobre el bien vida del ser humano puesto que el ser humano no es la mercancía objeto de reparto, sino el autor y destinatario de dicho reparto.

7. Concluimos este artículo afirmando categóricamente que, en toda sociedad que se desarrolle a través de medios pacíficos, democráticos y en el marco de un Estado de Derecho, la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural es inmune, inviolable e inatacable frente a toda acción u omisión del Estado y los particulares.

ARTÍCULO 4. Bien jurídico libertad. 1. Entiéndase por libertad, reducida a su mínimo contenido, la capacidad del ser humano de elegir o proyectar su voluntad y conducta de un modo consciente en uno u otro sentido, y de llevar a la práctica dicha elección de forma arbitraria.

2. Toda norma para ser conforme a Derecho, deberá proteger el bien libertad:

a) En primer lugar, desde la protección de las capacidades naturales, cognoscitivas y volitivas de todo ser humano, sean éstas efectivas o potenciales, lo cual se sitúa en el ámbito del respeto y protección de la salud del ser humano.

b) En segundo lugar, desde la protección al ejercicio de la elección de cada ser humano frente a injerencias externas a él. En este apartado se incluye el debido respeto a la autonomía de la voluntad y a las últimas voluntades de las personas.

c) Por último en el reconocimiento de la capacidad de cada ser humano de representarse por sí mismo frente a los demás. Para los supuestos de incapacidad efectiva para la auto-representación, deberá garantizarse, a todo ser biológicamente vivo de la especie humana, un representante predeterminado mediante normas de carácter objetivo, general y abstracto.

ARTÍCULO 5. Libre desarrollo de la personalidad. Objeción de conciencia. 1. Sin embargo, el partido “Españoles Libres e Iguales” no se conforma con la defensa de la libertad humana según esta acepción restringida que acaba de describirse en el artículo anterior y reclama que el Derecho positivo establezca las normas necesarias para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad del ser humano considerado en su integridad vital, moral, ideológica, religiosa, familiar, social y política, tanto en el ámbito cultural como en el práctico. En este sentido defendemos el principio según el cual el ejercicio de los derechos inviolables inherentes al ser humano no debe requerir autorización previa.

2. “Españoles Libres e Iguales” defenderá el derecho la objeción de conciencia de las personas por motivos de naturaleza moral o religiosa, especialmente cuando el contenido de una ley suponga una intromisión en la libertad ideológica, religiosa, o de culto, o establezca una imposición o prohibición que atente de forma grave contra los principios morales de la confesión religiosa o grupo de otra naturaleza a los que pertenezca el individuo, siempre que dichos principios no sean contrarios a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes, al libre desarrollo de la personalidad, o a los derechos de los demás y también, siempre que sus métodos no sean violentos, intimidatorios ni menoscaben derechos fundamentales de la persona.

3. "Españoles Libres e Iguales" defiende la libertad del hombre en dos frentes:

a) Combatiendo el estatismo y la concentración de cualquier tipo de poder, político, económico, cultural etc. en manos de unos pocos y estableciendo todas las garantías, controles y equilibrios para garantizar los derechos del hombre frente a los poderes del Estado y su participación directa en la vida política.

b) Combatiendo el relativismo en todas sus facetas, considerando que la verdad no es algo que el hombre se inventa en cada momento, sino algo que va descubriendo paulatinamente desde la precepción de los datos de la experiencia mediante un discurso o juicio racional en el sentido explicado en los dos últimos párrafos del artículo 1.6 de este Libro. O dicho de otro modo, considerando que la verdad es objetiva, no subjetiva.

4. No hacerlo así tiene como consecuencia dejar vía libre a lo que podríamos llamar la dictadura perfecta que aniquila la libertad del hombre en su integridad. Este tipo de dictaduras deja todo el poder en muy pocas manos a las que les otorga la facultad de actuar de una forma absolutamente arbitraria. Dichas dictaduras podrían llegar a acaparar todo el poder y la fuerza del Estado en muy pocas manos, eliminar los mecanismos de defensa del ciudadano frente a ellos y presentarlo como “El Estado perfecto”. Algo muy parecido a lo que Hugo Chávez pretende hacer en Venezuela.

ARTÍCULO 6. Límites al estado social. 1. El Estado no debe imponer tales cargas fiscales a las personas, familias, trabajadores y empresas que impidan a sus miembros un digno ejercicio de su libertad en los ámbitos reseñados en el artículo precedente.

2. Asimismo consideramos que el ejercicio de los derechos sobre los bienes, materiales o espirituales, debe estar sujeto siempre a la libre elección de cada persona. Por tanto, no debe ser el Estado quien decida en qué deben destinar los españoles su dinero y su tiempo mediante la concesión de subvenciones o la creación de instituciones altamente gravosas para los ingresos procedentes del salario, que los trabajadores (incluidos autónomos y empresarios) se han ganado meritoriamente empleando su tiempo de vida y arriesgando en muchos casos su salud y su patrimonio.

3. En este aspecto el Estado no debe ir nunca más allá de las situaciones de necesidad de los españoles que no puedan resolverse mediante de la concurrencia en el mercado o a través de las asociaciones civiles y requiera por tanto la intervención de la superior instancia estatal.

4. Por último, los servicios públicos dirigidos a dar cumplimiento a lo establecido en los vigentes artículo 9.2 y Capítulo III del Título I de la Constitución y concordantes, deben prestados por el Estado a través de personas físicas o jurídicas de naturaleza privada mediante un régimen de concierto por servicio prestado, previa determinación de los servicios cuyo coste es asumido por la administración pública, con el límite de lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

5. Quedan a salvo de lo dispuesto en el número anterior el poder judicial, los cuerpos y fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, y todos aquellos servicios cuya naturaleza estrictamente pública haga desaconsejable por motivos de seguridad jurídica o para la imparcialidad el régimen de concierto así como aquellos servicios necesarios que resulten de coste inasumible por el sector privado.

6. El sistema de financiación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y fundaciones de interés general mediante subvenciones debe ser sustituido a través de un sistema de crédito sin interés a medio o largo plazo donde el prestatario quede sujeto a la correspondiente responsabilidad patrimonial. Cuando una asociación, fundación o institución prestataria, demuestre, y el tribunal de justicia competente corrobore, que su actuación ha reportado un beneficio económico al bien común de la Nación superior al préstamo recibido, se procederá a efectuar la correspondiente compensación.

7. Deberá implantarse un sistema de pensiones de capitalización individual.

ARTÍCULO 7. Inmunidad del ámbito privado de las personas y grupos en los que se integra. 1. Abogamos por la derogación de todas aquéllas prohibiciones y sanciones que supongan cualquier tipo de injerencia en el espacio privado de las personas, familias, trabajadores, asociaciones y empresas de carácter privado, que deberán regirse por sus propias normas con el único límite del respeto a los derechos fundamentales de la persona.

2. Abogamos también por el derecho a la intimidad de todos los trabajadores en el desempeño de su trabajo, que únicamente podrá limitarse por motivos de seguridad para la protección de la integridad física y patrimonial de trabajadores, usuarios, empresas o instituciones.

ARTÍCULO 8. Libertad de empresa. 1. “Españoles Libres e Iguales” considera atentatoria contra la libertad e injusta la exigencia de licencias en número cerrado y previo pago para el desarrollo que cualquier actividad empresarial, liberal o autónoma. Defendemos la derogación de cualquier norma que establezca un número cerrado en la concesión de licencias. La concesión de licencias únicamente podrá estar supeditada al cumplimiento de las normas estrictamente necesarias para la protección de la salud y seguridad de las personas y sin que la aplicación de dichas normas pueda tener como resultado una restricción de número en la concesión de licencias.

2. “Españoles Libres e Iguales” es partidario de políticas económicas basadas en la reducción de la carga impositiva.

ARTÍCULO 9. Acceso a la cultura y derecho a la educación. Derecho a la libre elección de centro educativo. Régimen de concierto. 1. De igual manera forma parte del contenido esencial del libre desarrollo de la personalidad el derecho que toda persona tiene al acceso a la cultura entendiendo por tal, siguiendo la definición dada de la misma en el número 53 de la Constitución pastoral “Gaudium et spes” todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano.

2. “Españoles Libres e Iguales” considera que ese acceso debe hacerse por el Estado posible y libre y de calidad para todos los españoles. El derecho al acceso a la cultura se ejerce a través de la educación general básica, secundaria, profesional y universitaria, sin perjuicio de las instituciones civiles libres de carácter privado que los españoles, libremente también, decidan crear.

3. La educación general básica y secundaria debe ser obligatoria y de calidad limitándose al conocimiento e instrucción técnica que les posibilite iniciarse de forma solvente en el aprendizaje de cualquier carrera universitaria, arte, profesión u oficio. La enseñanza en general deberá basarse en los criterios de disciplina, mérito, motivación y esfuerzo.

4. Toda la enseñanza, básica, secundaria, profesional y universitaria deberá ser prestada por centros privados en régimen de concierto quedando a salvo aquellos supuestos que por su especial idiosincrasia requiera ser prestada directamente por la administración pública. La misma excepción se aplicará a la enseñanza que resultando necesaria o de sumo interés para el bien común de la Nación, no sea cubierta por el sector privado.

5. Defendemos el derecho de los padres y alumnos a la elección de centro y la implantación del sistema de cheque escolar.


ARTÍCULO 10. Educación moral y religiosa de libre elección de los padres. Derecho constitucional y economía. 1. La enseñanza básica debe incluir una asignatura de contenido moral, ético y/o religioso que esté de acuerdo, de forma inexcusable, con las convicciones de los padres y bajo su libre elección, debiendo ser a su vez de la mayor relevancia y de carácter obligatorio. La enseñanza secundaria debe incluir una asignatura, también de la mayor relevancia y de carácter obligatorio, de teoría del Derecho, Derecho constitucional y teoría económica cuyos contenidos, que deberán ser meramente técnicos y de conocimiento, habrán de exponerse de manera que sobre los mismos se incite un espíritu crítico por parte del alumno, debiendo prohibirse en todo caso cualquier clase de adoctrinamiento ideológico, político o partidista.

2. En lo que se refiere a la asignatura de Derecho Constitucional:

A) Tendrá por objeto que los alumnos, de forma predominantemente práctica, queden debidamente instruidos y aptos para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos así como para hacerlos valer frente a los poderes públicos.

B) Deberá incluir:

a) Todo lo relativo a los órganos políticos de las diversas instituciones en todos los ámbitos territoriales, los mecanismos y procedimientos de acceso a los cargos políticos desde el seno de los partidos políticos u otras entidades hasta el nombramiento en el cargo.

b) Los mecanismos de participación política de los ciudadanos existentes, directamente ante las instituciones públicas; a través de partidos políticos; y a través de sindicatos y demás tipos de asociaciones y fundaciones.

c) Sus derechos de participación ante el Poder Judicial.

d) Los derechos fundamentales con especial hincapié en el sistema de garantías.


ARTÍCULO 11. Justo Salario. 1. Consideramos, siguiendo las cartas encíclicas “RERUM NOVARUM” y “QUADRAGESIMO ANNO”, que para la determinación de la cuantía justa del salario, de las cargas fiscales sobre empresarios, trabajadores, autónomos y profesionales liberales, así como para la concreción de los servicios sociales, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Que el trabajador y su familia no les falte lo necesario para su sustento y el de su familia, y que puedan desarrollar una vida digna en su integridad.

b) Las condiciones de la empresa y del empresario de forma que le permita concurrir en el mercado con la suficiente competitividad.

c) La cuantía del salario debe atemperarse al bien público económico.

d) Debe buscarse la justa proporción entre los salarios.

ARTÍCULO 12. Derechos de asociación, fundación y reunión. 1. Derivado de la naturaleza social del ser humano, y en virtud de su autonomía de la voluntad, es derecho natural de todo hombre formar sociedades y fundaciones para la consecución de fines comunes (o de interés general) siempre que éstos y los medios que se empleen sean lícitos.

2. Además tales derechos constituyen un cauce de comunicación entre las personas, con el consiguiente intercambio cultural para mayor enriquecimiento de las culturas que se integran (no superponen) y de las personas mismas.

3. De otra parte son un instrumento esencial para garantizar la libertad de los individuos frente a los poderes públicos porque aunando fuerzas una sola parte la sociedad civil es mucho más efectiva que toda ella dividida en individuos que actúan aisladamente.

4. Asimismo consideramos que el derecho de reunión es requisito indispensable para que el ser humano desarrolle de forma plena su personalidad en cuanto ser social ya que permite el contacto directo entre personas, que reuniéndose para un fin específico, pueden pertenecer a familias, grupos sociales, confesiones religiosas, o partidos políticos diferentes, permitiendo nuevos contactos, amistades, o sociedades aunque sólo sean de carácter puntual, lo cual además conlleva el mismo beneficio de enriquecimiento cultural ya descrito. Es un derecho fundamental por sí sólo y además forma parte del contenido esencial de los derechos de asociación y fundación.



L. III. T. III. 124 a 130. Discusión y votación de resoluciones: procedimiento en órganos colegiados.

ARTÍCULO 124. Ámbito de aplicación del presente título. 1. El presente título es aplicable a todas las resoluciones que requieran la aprobación de órganos colegiados del partido, incluidos los órganos del Consejo para la Resolución de Conflictos.

2. Las propuestas de disposición general que eleven unos órganos a otros para formular enmiendas o para su aprobación definitiva adoptarán forma de resolución.

ARTÍCULO 125. Información de los vocales sobre el contenido del expediente. 1. El ponente tendrá a su disposición el expediente para dictar la resolución y los demás miembros del órgano colegiado podrán examinar aquéllos en cualquier tiempo, o solicitar que el Secretario les expida fotocopia de los mismos.

2. Desde el día que el Presidente del órgano colegiado haga el señalamiento para la deliberación, votación y fallo, cualquiera de los vocales o miembros podrá pedir el expediente para su estudio o

Cuando lo pidieren varios, el Secretario expedirá las oportunas fotocopias de los mismos.

ARTÍCULO 126. Forma de la discusión y votación de las resoluciones. 1. La discusión y votación de las resoluciones será dirigida por el Presidente del órgano colegiado y se verificará siempre a puerta cerrada.

2. El Ponente o quien haga sus veces someterá a la deliberación del órgano colegiado los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de derecho, así como la decisión que, a su juicio deba recaer y, previa la discusión necesaria, se procederá a la votación.

ARTÍCULO 127. Votación de las resoluciones. 1. El Presidente podrá acordar que la votación tenga lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o sobre parte de la decisión que haya de dictarse.

2. Votará primero el Ponente, seguidamente el Presidente y por último los demás vocales o miembros del órgano colegiado.

3. Empezada la votación, no podrá interrumpirse sino por algún impedimento insuperable.

ARTÍCULO 128. Voto extemporáneo de vocales impedidos. 1. Si un vocal o miembro de órgano colegiado no pudiera asistir a la discusión y votación, dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente al Presidente del órgano colegiado. Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del Secretario o de quien haga sus veces.

El voto así emitido se computará con los demás y se conservará, rubricado por el que presida, con el expediente o libro que según el caso corresponda.

2. Cuando el vocal impedido no pudiere votar ni aun de aquel modo, se decidirá el asunto por los demás vocales que hubieran de hacerlo, si compusiesen los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se procederá a efectuar la sustitución conforme a lo que los Estatutos dispongan, pasándole el expediente para estudio por el plazo ordinario según el asunto, transcurrido el cual se reunirá de nuevo el órgano colegiado para la deliberación y votación.

ARTÍCULO 129. Mayoría de votos. En los órganos colegiados las resoluciones se decidirán por mayoría absoluta salvo que una disposición especial establezca lo contrario.

ARTÍCULO 130. Aplicación supletoria de otras disposiciones. 1. Para lo no previsto en este título, serán de aplicación supletoria las disposiciones del título anterior y, en su defecto, las disposiciones de los presentes estatutos.

2. Si no se encontrare o dedujere por analogía disposición supletoria aplicable en los presentes estatutos, lo serán las disposiciones de los artículos 194 a 205 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil según su redacción vigente a fecha de 25 de diciembre de 2008.

L. III. 119 a 123. Procedimiento para resolución sobre el fondo del asunto.

ARTÍCULO 119. Plazo para estudio del expediente. Dictada la Orden a que se refiere el artículo 118 de este Libro, los vocales de la Sección dispondrán de un plazo de los 20 días hábiles siguientes para el estudio del expediente.

ARTÍCULO 120. Deliberación de los vocales. 1. Al día hábil siguiente de haber finalizado el plazo referido en el artículo anterior los vocales comenzarán a reunirse para la deliberación, decisión y votación.

2. Este trámite no podrá sobrepasar el plazo máximo de siete días naturales.

ARTÍCULO 121. Plazo para dictar Resolución sobre el fondo. Finalizado el plazo del trámite de deliberaciones, el Ponente dispondrá de 10 días hábiles para redactar la resolución sobre el fondo del asunto en forma de Orden, Declaración y/o Constitución.

Redactada la Resolución en el mismo día o a lo más tardar al siguiente, se reunirán los vocales de la Sección para efectuar una votación sobre el conjunto que requería para su aprobación mayoría absoluta.

Si no fuera aprobada se encomendará la redacción al vocal que no actuó en el proceso ni de ponente ni de presidente. Si por segunda vez no fuera aprobada, redactará el Presidente y, si por tercera vez tampoco, decidirá el Ponente de Sección que por turno corresponda del Consejo que no sea competente para conocer del recurso de apelación.

Aprobada la resolución se notificará a las partes y se publicará en el BO-ELIGES, consignándola el Secretario en el expediente y cerrando el mismo previos los diligenciados que procedan en Derecho.

ARTÍCULO 122. Recursos. 1. Contra la resolución decidiendo sobre fondo del asunto cabrá recurso de apelación.

2. Este recurso no podrá interponerse más allá de transcurridos 3 meses naturales desde la notificación.

ARTÍCULO 123. Ejecutoriedad y eficacia de la resolución definitiva. 1. La resolución declarando nula una disposición general producirá su inmediata derogación y la anulabilidad de los actos realizados en virtud de la misma.

2. La resolución declarando la nulidad de un acto producirá, además de la nulidad de éste, la nulidad de de los sucesivos actos respecto de los cuales, la eficacia del acto anulado, es presupuesto de su eficacia.

3. La resolución declarando lesiva una inactividad concederá plazo de 5 días para la ejecución voluntaria. Transcurrido dicho plazo sin que se lleve a efecto, la Sección dictará resolución ordenando la inmediata ejecución forzosa que estará a cargo de los oficiales del Consejo.

4. La resolución declarando lesiva una actuación constitutiva de vía de hecho, ordenará deducir testimonio de aquélla al Consejo Disciplinario y producirá la nulidad de la actuación con los mismos efectos previstos en el número 2 de este artículo.

5. Los recursos interpuestos contra la resolución dictada en Proceso Disciplinario sólo tendrán efectos suspensivos si dicha resolución fuera de condena.

L. III. 116 a 118. Procedimiento de Alegaciones Finales.

ARTÍCULO 116. Orden incoando el procedimiento de alegaciones finales. 1. La Orden incoando el procedimiento de alegaciones finales se dictará:

a) Cuando la Sección, a la vista de las alegaciones iniciales, considere suficientes para resolver sobre el fondo del asunto los elementos aportados por las partes.

b) En virtud de la Declaración de hechos probados.

2. La Orden incoando el procedimiento de alegaciones finales se dictará una vez hayan sido practicadas por el Secretario las notificaciones y los diligenciados subsiguientes a las dos resoluciones referidas en el apartado anterior, salvo que exista recurso de apelación o revisión en curso contra las mismas.

3. Dicha Orden señalará día para la vista dentro del plazo de 10 días hábiles computados desde el décimo día siguiente al de la Orden regulada en este artículo, citando a todas las partes para que procedan en ella a la lectura de sus respectivos escritos de conclusiones finales.

4. Se advertirá a las partes que, a la vista de lo actuado, sus conclusiones finales podrán modificar sus pretensiones pero sin salirse de lo que constituye el objeto inicial de la causa. Se les advertirá asimismo de lo dispuesto en el artículo 36.4 de este Libro.

ARTÍCULO 117. Diligencias subsiguientes. 1. Dictada la Orden regulada en el artículo anterior, el Secretario extenderá diligencia haciéndola constar en el expediente e insertándola a continuación de la diligencia.

2. Por último irá efectuando todos los diligenciados que conforme a Derecho procedan de las actuaciones referidas en el apartado siguiente.

3. La notificación de la Orden incoando Procedimiento o Fase de Alegaciones Finales con citación a las partes a la vista para lectura de conclusiones finales, deberá practicarse por el Secretario en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente de haberse dictado la resolución.

ARTÍCULO 118. Vista de conclusiones finales. 1. Llegado el día y la hora señalados para la vista por el Presidente de la Sección con la presencia de todos los vocales de la misma asistidos del Secretario, se hará constar por éste en el acta los datos de las partes que comparezcan.

2. Seguidamente el Presidente de la Sección irá concediendo la palabra a las partes para la lectura de sus escritos de conclusiones finales comenzando por la parte demandante y terminando por la demanda. Si hubiere pluralidad de partes en una misma posición procesal se estará al orden de personación en la causa mediante conforme a la fecha u orden de presentación de los escritos de alegaciones iniciales.

3. Finalizada la lectura de los escritos antedichos, la Sección dictará Orden en el acta declarando finalizado el Procedimiento o Fase de Conclusiones Finales y el inicio de la Fase para la Resolución sobre el Fondo en asuntos contenciosos.

4. Dictada la Orden anterior, el Secretario procederá a la lectura del acta que hallada conforme por todos los asistentes la firman con él.

5. Si alguna de las partes estuviere disconforme con el contenido del acta, lo hará saber a la Sección que en vista de los escritos y oídas las partes que lo soliciten, corregirá si procede el acta sin que quepa ulterior recurso, sin perjuicio de su derecho a impugnar la resolución a través del Proceso para la Impugnación de Actos, Resoluciones y Disposiciones Generales, que en ningún caso tendrá efecto suspensivo.

L. III. 113 a 115. Resolución declarando hechos probados.

ARTÍCULO 113. Conclusiones de las partes sobre la prueba practicada. 1. Finalizada la práctica de la prueba, la Sección, en el mismo acto, previa audiencia de las partes, dictará providencia en el acta, cuya copia servirá de notificación, señalando día para la lectura por las partes de sus respectivos “Escritos de conclusiones sobre la prueba practicada”.

2. La vista deberá tener lugar dentro del plazo de 10 días hábiles que comenzará a contar transcurridos los 5 días hábiles siguientes.

3. Los “Escritos de conclusiones sobre la prueba practicada” serán leídos en primer lugar por los demandantes según el orden de personación en el proceso mediante demanda y, en segundo lugar, por los demandados también según su orden de personación mediante escrito de contestación a la demanda.

4. Finalizada la vista, el Presidente dictará providencia en el acta, cuya copia servirá de notificación a las partes, declarando el proceso visto para resolver sobre la declaración de hechos probados y el inicio del plazo para dictar la “Declaración de Hechos Probados”, que será de 10 días hábiles a contar desde el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 114. Declaración de Hechos Probados. 1. La resolución declarando hechos probados y no probados revestirá forma de Declaración.

2. La declaración de hechos probados se consignará separadamente de la declaración de hechos alegados y no probados y con posterioridad a ésta.

3. Asimismo cada hecho declarado probado o no probado se expresará con separación respecto de los demás.

4. La Sección deberá consignar en cada hecho objeto de declaración el fundamento racional basado en datos objetivos y criterios lógicos y de sana crítica por el cual lo declara probado o no probado, así como el voto particular del vocal que discordare, si lo hubiere, con la respectiva fundamentación.

5. En la fundamentación a que se refiere el número anterior deberán expresarse los medios probatorios y el razonamiento lógico y objetivo a través de los cuales han llegado a la conclusión de declarar probado o no probado el hecho.

6. Contra la Declaración de Hechos Probados las partes podrán interponer recurso de reforma ante la misma sección dentro del plazo de los 20 días naturales siguientes y, contra la resolución dictada en reforma, el de apelación dentro igual plazo.

ARTÍCULO 115. Trámites posteriores a la resolución. 1. Sin perjuicio de otros diligenciados que le pueda ordenar la Sección, dictada la resolución el Secretario procederá de la siguiente forma y por el siguiente orden:

a) Expedirá tantas copias compulsadas de la resolución cuantas sean las partes a las que se haya de notificar.

b) Insertará el original en el expediente.

c) Levantará diligencia de los dos actos anteriores insertándola en el expediente.

d) Notificará la resolución a las partes con entrega de copia compulsada de la resolución más de la diligencia de notificación que deberá firmar la parte notificada.

e) Insertará la diligencia orinal en el expediente.

f) Dará cuenta mediante diligencia de todo lo actuado a la Sección expidiendo la oportuna diligencia que insertará igualmente en el expediente.

L. III. 111 y 112. Valoración de la prueba.

ARTÍCULO 111. Criterios generales para la valoración de la prueba. Prelación de medios probatorios. 1. En materia de valoración de la prueba la Sección hará una valoración conjunta de la misma conforme a las reglas de la sana crítica y a los criterios de la lógica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la Sección deberá seguir el siguiente orden de prelación al efectuar la valoración:

1º. Sentencias judiciales firmes contra las que no quepa recurso alguno.

2º. Evidencias.

3º. Ejecutorias. Se tendrán por ejecutorias, además de las Sentencias que lo sean conforme a lo dispuesto en la legislación procesal vigente, las del nº 1º de este apartado 2, cuando la Sección observe que, de forma crasa y patente, y sin ningún género de dudas, una evidencia pudiera dar lugar a la admisión de un recurso de revisión contra sentencia judicial firme.

4º. Resto de Sentencias judiciales.

5º. Resto de documentos admisibles en juicio ordinario según la legislación procesal vigente del momento.

6º. Informes periciales.

7º. Declaraciones de las partes en los interrogatorios, de los testigos, y resultado de las diligencias de careo.

8º. Alegaciones de hecho efectuadas por las partes en sus escritos procesales.

9º. Declaraciones del demandado en proceso disciplinario efectuadas en interrogatorio.

ARTÍCULO 112. Valor de la prueba pericial sobre la autenticidad de los medios de prueba regulados en las Secciones novena y décima. La valoración sobre la pericia efectuada acerca de la autenticidad de un medio probatorio de los regulados en las Secciones Novena y Décima de este Capítulo Tercero, afectará únicamente a la valoración de validez del medio de prueba en cuestión.

L. III. 108 a 110. Prueba documental.

ARTÍCULO 108. Naturaleza pública o privada de los documentos y sus efectos. 1. Son públicos aquéllos documentos que las leyes de enjuiciamiento vigentes en cada momento les otorga carácter o naturaleza pública y privados aquéllos que dichas leyes les confiere carácter o naturaleza privada.

2. Los documentos públicos y privados harán prueba plena conforme a lo que dispongan las leyes de enjuiciamiento vigentes en cada momento, salvo lo dispuesto en la sección siguiente sobre la valoración de la prueba.

ARTÍCULO 109. Momento procesal oportuno. Copias de los documentos. Documentos del partido. 1. Las partes que propongan prueba documental, deberán presentar los documentos con la demanda o la contestación.

2. De los documentos originales emitidos por organismo o entidad que no puedan presentar las partes, bastará copia o fotocopia compulsada de dicho organismo o entidad.

3. El resto de documentos originales y las copias compulsadas a las que se refiere el apartado anterior serán presentados por las partes ante la Secretaría del Consejo y el Secretario encargado de la recepción expedirá y sellará una copia del original devolviendo éste a su titular o presentante e insertará la copia en el expediente.

4. Los documentos emitidos por cargo u órgano del partido “Españoles Libres e Iguales” serán recabados por la Sección de dicho órgano o cargo, sin perjuicio de la obligación de las partes que los propongan de designarlos en la demanda o la contestación.

5. En todo caso cada una de las partes tendrá derecho a que la Sección, por conducto del Secretario, les expida una copia de los documentos presentados por las demás partes y a que en la vista para la práctica de la prueba les sean exhibidos los originales o las copias compulsadas a que se refieren los números 2 y 3 de este artículo.

ARTÍCULO 110. Impugnación de la autenticidad de los documentos. Si se impugnara la autenticidad de algún documento, se estará a lo dispuesto en el artículo 70, números 4 a 7 de este Libro.

L. III. 105 a 107. Medios de reproducción.

ARTÍCULO 105. Instrumentos de filmación, grabación y semejantes. Valor probatorio. 1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante la Sección de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.

2. Al proponer esta prueba, la parte podrá acompañar en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.

3. Las reproducciones a que se refiere este artículo tendrán el valor de evidencia sin perjuicio de la obligada valoración conjunta de la prueba según las reglas de la sana crítica.

4. Si las partes impugnaran la autenticidad de estos medios probatorios, la Sección procederá con arreglo a lo dispuesto en los números 5 a 7 del artículo 70 de este Libro.

ARTÍCULO 106. Acta de la reproducción y custodia de los correspondientes materiales. 1. De los actos que se realicen en aplicación del artículo anterior se levantará la oportuna acta, donde se consignará cuanto sea necesario para la identificación de las filmaciones, grabaciones y reproducciones llevadas a cabo.

2. La Sección podrá acordar mediante providencia que se realice una transcripción literal de las palabras y voces filmadas o grabadas, siempre que sea de relevancia para el caso, la cual se unirá al acta.

3. El material que contenga la palabra, la imagen o el sonido reproducidos habrá de conservarse por la Sección, con referencia al expediente, de modo que no sufra alteraciones.

ARTÍCULO 107. De los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso. 1. Los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos como prueba, será examinados por la Sección por los medios que la parte proponente aporte o que la Sección disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con idéntico conocimiento que la Sección, alegar y proponer lo que a su derecho convenga.

2. Será de aplicación a los instrumentos previstos en el apartado anterior lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 105. La documentación en el expediente se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del Secretario, que, en su caso, adoptará también las medidas de custodia que resulten necesarias.

3. La Sección valorará los instrumentos a que se refiere este artículo conforme a las reglas de la sana crítica aplicables a aquéllos según su naturaleza.


L. III. 99 a 104. Inspección ocular.

ARTÍCULO 99. Objeto y finalidad de la inspección ocular e iniciativa para acordarla. 1. La inspección ocular se acordará cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que la Sección examine por sí misma algún lugar, objeto o persona.

2. Sin perjuicio de la amplitud que la Sección estime que ha de tener la inspección ocular, la parte que lo solicite habrá de expresar los extremos principales a que quiere que éste se refiera.

La otra parte podrá, antes de la realización de la inspección ocular, proponer otros extremos que le interesen.

Igualmente las partes, previo acuerdo entre ellas y a su costa, podrán designar persona técnica o práctica en la materia que participe en la diligencia de inspección ocular, lo cual deberán comunicar a la Sección antes de la realización de la inspección ocular.

3. La Sección señalará, en la resolución incoando el Procedimiento o Fase de Declaración de Hechos probados, o, en su caso, con 5 días de antelación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse la inspección ocular, que habrá de tener lugar preferiblemente en el mismo día de la vista para la práctica de la prueba.

ARTÍCULO 100. Realización de la inspección ocular e intervención de las partes y de personas entendidas. 1. La Sección podrá acordar cualquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad de la inspección ocular, incluida la de ordenar la entrada en el lugar o local del partido que deba reconocerse o en que se halle el objeto que se deba reconocer.

2. Las partes podrán concurrir a la inspección ocular y hacer a la Sección, de palabra, las observaciones que estimen oportunas sin perjuicio de su debida constancia en el acta a cargo del Secretario.

ARTÍCULO 101. Reconocimiento de personas. 1. El reconocimiento de persona se practicará a través de un interrogatorio realizado por la Sección, que se adaptará a las necesidades de cada caso concreto. En dicho interrogatorio, que podrá practicarse, si las circunstancias lo aconsejaren, a puerta cerrada o fuera de la sede de la Sección, podrán intervenir las partes siempre que la Sección no lo considere perturbador para el buen fin de la diligencia.

2. En todo caso, en la práctica de esta diligencia se garantizará el respeto a la dignidad e intimidad de la persona.

3. Queda prohibido el reconocimiento de personas no afiliadas.

ARTÍCULO 102. Concurrencia de la inspección ocular con la práctica de otros medios de prueba. La Sección, de oficio, o a instancia de parte, acordará la práctica sucesiva pero en unidad de acto de la inspección ocular y de otros medios de prueba, cuando con ello se logre evitar un nuevo señalamiento para la práctica de la prueba si la cosa o persona objeto de la misma se halla en el local inspeccionado, en sus inmediaciones o en un lugar cercano. Se entenderá por lugar cercano aquel que se prevea no implique un desplazamiento de duración superior a 30 minutos desde la finalización de la última diligencia hasta la llegada al lugar de destino y no provoque un alargamiento de la diligencia que haga necesario el descanso para el almuerzo o la cena.

ARTÍCULO 103. Acta de la inspección ocular. 1. De la inspección ocular practicada se levantará por el Secretario acta detallada, consignándose en ella con claridad las percepciones y apreciaciones de la Sección, así como las observaciones hechas por las partes y por las personas técnicas o prácticas en la materia.

2. También se recogerá en acta el resultado de las demás actuaciones de prueba que se hubieran practicado en el mismo acto de inspección ocular, según lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 104. Empleo de medios técnicos de constancia de la inspección ocular. 1. Se utilizarán medios de grabación de imagen y sonido u otros instrumentos semejantes para dejar constancia de lo que sea objeto de inspección ocular y de las manifestaciones de quienes intervengan en él, pero no se omitirá la confección del acta y se consignará en ella cuanto sea necesario para la identificación de las grabaciones, reproducciones o exámenes llevados a cabo, que habrán de conservarse por la Sección de modo que no sufran alteraciones.

2. Cuando sea posible la copia, con garantías de autenticidad, de lo grabado o reproducido por los antedichos medios o instrumentos, la parte a quien interese, a su costa, podrá pedirla y obtenerla de la Sección.


L. III. 96 a 98. Careo.

ARTÍCULO 96. Concepto y sujetos del careo. 1. Cuando los testigos incurran en graves contradicciones, la Sección, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que se sometan a un careo, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez.

2. También podrá acordarse de que, en razón de las respectivas declaraciones, se celebre careo entre las partes y alguno o algunos testigos.

ARTÍCULO 97. Momento procesal oportuno para solicitar el careo. Las actuaciones a que se refiere este artículo habrán de solicitarse al término del interrogatorio y, en este caso, se advertirá al testigo o a la parte que no se ausente para que dichas actuaciones puedan practicarse a continuación.

ARTÍCULO 98. Desarrollo de la diligencia de careo. 1. El careo se verificará ante la Sección, leyendo el Secretario a las partes o testigos entre quienes tenga lugar el acto las declaraciones que hubiesen prestado, y preguntado el primero a las partes y a los testigos después de recordar a éstos últimos su juramento y las sanciones disciplinarias de falso testimonio, si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer.

2. El Presidente de Sección manifestará enseguida las contradicciones que resulten en dichas declaraciones, e invitará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí.

3. El Presidente de la Sección no permitirá que los careados se insulten o amenacen.

4. El Secretario dará fe de todo lo que ocurriere en el acto del careo y de las preguntas, contestaciones y reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados, así como de lo que se observare en su actitud durante el acto; y firmará la diligencia con todos los concurrentes, expresando, si alguno no lo hiciere, la razón que para ello alegue.

L. III. 86 a 95. Interrogatorio de testigos.

ARTÍCULO 86. Contenido de la prueba. Denegación de la prueba. 1. Las partes podrán solicitar, y la Sección acordar de oficio, que declaren como testigos las personas que tengan noticia de los hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del proceso.

2. La Sección sólo admitirá la prueba testifical cuando no pueda ser suplida por otros elementos probatorios sin perjuicio de los recursos que contra la resolución denegatoria puedan interponer las partes finalizada la práctica de la prueba.

ARTÍCULO 87. Aplicación supletoria de las normas reguladoras del interrogatorio de las partes. Las normas de los presentes estatutos reguladoras del interrogatorio de las partes salvo las especialidades que se refieran al demandado en proceso disciplinario, serán de aplicación supletoria al interrogatorio de testigos.

ARTÍCULO 88. Idoneidad para ser testigo y obligación de declarar como testigo. 1. Podrán ser testigos todos los afiliados, salvo las personas que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos. Queda prohibida la declaración testifical de personas no afiliadas.

2. Todos los afiliados tienen obligación de declarar como testigos cuando, de oficio o a instancia de parte, sean llamados por la Sección. A tales efectos:

a) La sección apercibirá a los testigos en la citación de la sanción disciplinaria correspondiente caso de no comparecer.

b) Si no compareciere algún testigo sin causa justificada, se le volverá a citar con el mismo apercibimiento y si tampoco atendiere a la segunda citación, la Sección remitirá testimonio al Consejo Disciplinario a los efectos oportunos.

c) Si algún testigo, compareciendo, se negara a declarar o emitiere respuestas evasivas o inconcluyentes, e hiciere ello sin causa justificada, se le hará el mismo apercibimiento que a los anteriores y, sólo persistiendo el testigo en su actitud de no declarar, levantará y remitirá testimonio la Sección al Consejo Disciplinario.

ARTÍCULO 89. Tachas de los testigos. 1. Cada parte podrá tachar a los testigos propuestos por la contraria en quienes concurran algunas de las causas siguientes:

1º. Parentesco hasta el cuarto grado de afinidad o consanguinidad con alguna de las partes.

2º. Ser tutor, curador, guardador o representante de alguna de las partes.

3º. Relación de dependencia, sociedad o interés con alguna de las partes.

4º. Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes.

5º. Haber sido condenado por sentencia judicial firme por el delito de falso testimonio o haber sido sancionado por el Consejo Disciplinario del partido por la infracción de falso testimonio en causa contenciosa. En ambos casos la pena o sanción impuesta no debe haber prescrito.

2. La parte proponente del testigo podrá también tachar a éste si con posterioridad a la proposición llegare a su conocimiento la existencia de alguna de las causas de tacha establecidas en el apartado anterior.

3. Las tachas se habrán de formular en el intervalo de tiempo que va desde la resolución admitiendo la testifical hasta el comienzo de la vista para su práctica.

4. Formulada una tacha, se suspenderá el proceso hasta que sea resuelto el incidente. Si fueren varios los testigos tachados, se resolverán todas las tachas en un mismo procedimiento.

5. Si la Sección apreciare que la declaración de un testigo tachado puede ser suplida por otro medio probatorio, dictará en el acto resolución motivada aceptando la tacha sin más recursos que el de reforma que pueden interponer las partes tras la finalización de la práctica de la prueba.

ARTÍCULO 90. Juramento o promesa de los testigos. Antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, con la conminación de las sanciones previstas en los presentes estatutos para la infracción de falso testimonio en causa contenciosa, de las que le instruirá el Presidente de la Sección si manifestare ignorarlas.

ARTÍCULO 91. Preguntas generales de la Ley. 1. Las generales de la Ley se formularán a los testigos conjuntamente antes de dar comienzo los interrogatorios.

2. El procedimiento comenzará con el llamamiento de viva voz hecho por el Presidente de la Sección a cada uno de los testigos mencionando el nombre, apellidos y número de D.N.I. de cada uno de ellos.

3. Seguidamente se dará lectura por el Secretario de las causas por las que pueden ser tachados los testigos.

4. A continuación preguntará el Presidente de la Sección a los testigos si en ellos concurre alguna de las causas de tacha mencionadas por el Secretario con el apercibimiento de la obligación que tienen de decir verdad y de la sanción prevista para la infracción por falso testimonio en causa contenciosa.

5. Por último, según el orden por el que fueron llamados, los testigos pondrán de manifiesto si en ellos concurre alguna o no concurre ninguna de las causas por las que pueden ser tachados.

6. Si algún testigo tuviera alguna duda acerca del significado de una tacha, será instruido por el Presidente de la Sección a fin de que el testigo pueda contestar con conocimiento de causa.

ARTÍCULO 92. Orden de la declaración testifical y de intervención de las partes. 1. Los testigos declararán por el siguiente orden:

1º. Los propuestos por el demandante.

2º. Los propuestos por la Sección.

3º. Los propuestos por el demandado.

2. En el interrogatorio de cada testigo se seguirá el siguiente orden:

1º. Se formulan las preguntas de la parte proponente del testigo.

2º. Se formulan las preguntas de las demás partes que ocupen la misma posición procesal de demandante o demandado que la proponente.

3º. Se formulan las preguntas de las demás partes que ocupen distinta posición procesal respecto de la proponente.

4º Se formulan las preguntas que de oficio le haga el Presidente de la Sección.

ARTÍCULO 93. Modo de declarar los testigos. 1. Ateniéndose en primer lugar a lo dispuesto en el artículo anterior, los testigos declararán separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las propuestas, salvo que el tribunal encuentre motivo para alterarlo.

2. Los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros.

A este fin, se adoptarán las medidas que sean necesarias.

ARTÍCULO 94. Testigo perito. 1. Si comenzado el interrogatorio, la Sección apreciara que un testigo propuesto de común acuerdo por las partes posee conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, previa audiencia y con la conformidad de todas las partes, se suspenderá éste quedando el testigo citado en el acto para que declare en calidad de perito.

2. Cuando no hubiera la conformidad de las partes a que se refiere el número anterior, el Presidente ordenará que prosiga el interrogatorio dándose a tal declaración la sola valoración de declaración testifical.

ARTÍCULO 95. Valoración de las declaraciones de testigos. La Sección valorará la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado.